Por Carlos Cruz
El 29 de abril del 2011 será un día para la historia. Y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió un fallo con el cual ordenó disolver al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN).
El 29 de abril del 2011 será un día para la historia. Y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió un fallo con el cual ordenó disolver al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Conciliación Nacional (PCN).
Estos dos partidos actualmente minoritarios, no alcanzaron el mínimo de votos en la elección presidencial realizada en El Salvador en el 2004. Se debe tener en cuenta que lograr obtener el tres por ciento del total de votos electorales, es indispensable para mantener su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ante el temor de perder su estatus actual, ambas organizaciones políticas, iniciaron una lucha desesperada para mantenerse inscritos y no sucumbir ante su muerte inminente. Recordemos que el código electoral y las reglas del juego electoral, son responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien las debe hacer cumplir.
Sin embargo, en enero de 2005 la Asamblea Legislativa emitió un decreto que permitió la sobrevivencia de ambos partidos políticos. Tras una maniobra política, promovida por partidos afines al PDC y el PCN, la Asamblea Legislativa logró cumplir "una operación salvataje" para evitar que desaparecieran el PDC y PCN como institutos políticos.
Sin embargo, la CSJ falló que el decreto fue inconstitucional. Pues violó la ley, sobre todo por un motivo intolerante, con el pretexto que era una forma de garantizar la democracia la pluralidad partidaria en beneficio de la población. El fallo de la CSJ dice lo siguiente:
"Se ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciar el proceso de cancelación de los partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes establecidos" en la ley electoral, indicó la resolución de la CSJ.
Este hecho sin duda sacudirá emociones y traerá una discusión del PDC y PCN, que no se darán por vencidos y simplemente ser eliminados del juego político. Sin embargo hay que ser razonables y conscientes, que si de ayudar a “fulano y mengano” se tratara en El Salvador, No existieran las leyes y este País sería tierra de nadie y sálvese quien pueda.
La derecha salvadoreña perdería al PCN, la organización de los militares en retiro y tiene el poder de la Corte de Cuentas (Contraloría) desde hace más de una década, de modo que es inviable cualquier iniciativa que busca esclarecer el uso de los fondos públicos.
Mientras que el PDC, controlado por el abogado Rodolfo Parker, se acabó convirtiendo en un aliado estratégico del ex gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Nada sorprendente en un país donde los limites ideológicos partidarios son traspasados en las reuniones, por diputados de la Asamblea.
La decisión del Tribunal de Justicia de El Salvador es el detonante que hace llegar al clímax del asunto. Tras una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo, presentada por seis ciudadanos en abril de 2005, queda demostrado que la justicia busca reivindicarte a través de las instituciones.
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