GOBIERNO SALVADOREÑO IGNORA A LA POBLACIÓN AUTISTA

Por Carlos Cruz

El autismo es un trastorno en el desarrollo del cerebro que comienza antes de los tres años y que deteriora la comunicación e interacción social de los afectados, causando un comportamiento restringido y repetitivo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiendo de la precisión de los diagnósticos, puede haber hasta 21 autistas por cada 10.000 niños.

Este dato puede sonar irrelevante para muchos que no comprenden su dimensión. Una persona autista necesita desde su nacimiento un cuidado especial no en el sentido extremo como  en los niños minusválidos, pero esto no quita la exigencia de mayor tiempo para su cuido. Sobre todo se necesita que los padres tengan una preparación psicológica para enfrentar una situación inesperada.

Para un padre que sueña con que su hijo crezca con normalidad y llegue a ser todo un profesional, el autismo es el destructor de sus sueños. La mayoría de niños autista sufren rechazo por su condición de inexpresividad. En las escuelas ordinarias suelen ser expulsados o ser víctimas de rechazo por su dificultad para prestar atención a las clases. Si a esto le sumamos que en El Salvador no existen recursos de ley para defender sus derechos la situación es más preocupante.

En el 2008 la  Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, reafirmando así su  compromiso con los derechos humanos de las personas autistas. Este hecho es de gran relevancia porque contribuye a la lucha mundial existente por el reconocimiento de los derechos de las personas autistas usualmente violentados o ignorados en todo el mundo.

Tras este hecho nace en El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Autismo (ASA) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los niños autistas salvadoreños quienes no cuentan con el respaldo del gobierno. Con apenas dos años de existencia esta asociación ha venido a cumplir un papel que le corresponde al Estado salvadoreño, pues al menos 70 familias con miembros autistas han recibido la asistencia necesaria para afrontar este padecimiento.

En la Constitución Política de El Salvador, el artículo 2 expresa: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Hasta el momento no existe un reconocimiento laboral para las personas autistas en el país.

Si bien el código de trabajo de El Salvador vela por la incorporación de personas discapacitadas en las empresas públicas y privadas, no hace lo mismo por las personas autistas existentes en el país. ¿Acaso un autista no tiene derecho a un trabajo digno para ganar recursos para su subsistencia? Esta comprobado que con la asistencia correcta, personas con autismo logran desarrollarse con normalidad en un trabajo acorde a ellos.

Preguntemos entonces ¿Qué tanto vela el gobierno salvadoreño porque las personas autistas tengan los beneficios que la constitución les otorga por el simple hecho de ser ciudadanos de nacimiento?

Para contestar esta pregunta es necesario reconocer que no existen en el país escuelas especializadas para la enseñanza a niños autistas. Tal como se ha velado por los niños con discapacidades, ciegos, mudos, con retardo mental, es hora de hacerlo con los niños que presenten autismo.

Por su parte el Ministerio de Educación tiene el deber y la obligación de crear centros educativos para cumplir el derecho de los niños autistas a una educación digna, útil y acorde a sus condiciones especiales. La educación como derecho está planteada no solo en la declaración de los derechos del niño y la declaración universal de los derechos humanos, sino en la constitución política de El Salvador.

De igual forma la Secretaria de Inclusión Social, a dos años de labores no presenta proyectos enfocados en beneficiar a las personas Autistas. Su función se ha basado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), pero solo beneficiando a los niños discapacitados, aunque suene cruel el autismo es una discapacidad expresiva que no se está tomando en cuenta. Lo mismo sucede con Instituto Salvadoreño de Rehabilitación (ISRI), total desconocimiento del autismo. 

El autismo varía grandemente en severidad. Los casos más severos se caracterizan por una completa ausencia del habla de por vida, comportamiento extremadamente repetitivo, no usual, auto dañino y agresivo. Este comportamiento puede persistir por mucho tiempo y puede ser muy difícil de cambiar, siendo un reto enorme para aquéllos que deben convivir, tratar y educar a estas personas. Por ello la necesidad que el Estado intervenga favorablemente.

Recordemos que  la Constitución Salvadoreña en su artículo 65 establece que “la salud de los habitantes de la República, constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.  El Estado determinará  la política nacional  de salud, controlará y supervisará su aplicación”. Pero esto aún no se cumple al 100% ni beneficia a la población en general sin excepción de condiciones.

En lugar de centrar su atención en temas de menor relevancia, como lo fue la eliminación de las cachiporristas, el gobierno de El Salvador tiene la obligación de velar por la salud de las personas autistas, ya que hasta el momento no existen políticas que permitan el acceso a la atención médica adecuada y menos a los medicamentos cuyo precio es elevado y de difícil acceso para las familias de escasos recursos.

Si bien en nuestro país no existe un dato estadístico concreto para medir niveles de afección de autismo. Extraoficialmente se han calculado unos 3,000 casos, según la vicepresidenta de ASA,  Ana de Escobar. Independiente de la cifra real, no se puede negar que este problema existe en El Salvador y se le debe dar la atención necesaria. ¿Acaso habría una razón para que no se diera este padecimiento en nuestros ciudadanos?

Sin embargo, Lorena de Mena, directora del Centro de Rehabilitación Integral de la Niñez y la Adolescencia (CRINA), recientemente declaró a un medio impreso local, que “dicha cifra no es demasiado confiable si se toma en cuenta que puede haber niños ‘mal diagnosticados’, que vendrían a ser aquellos a quienes se les ha clasificado con retardo o con alguna discapacidad, lo que podría aumentar la cifra de ASA”.

Preocupante entonces, el hecho que además de no garantizarle sus derechos a las personas autistas, se les está prohibiendo de un tratamiento adecuado por el simple hecho de no poder diagnosticarlos correctamente a través del sistema de salud estatal. Y no olvidemos que se les niega una educación adecuada, así como el acceso a plazas laborales acordes a sus capacidades.

Está comprobado por la ciencia, que el autismo no tiene cura, pero con tratamiento y cuidados correctos, las personas autistas logran desarrollarse con normalidad y obtener cierto grado de independencia, lo cual les permite desarrollarse en áreas como el deporte y el arte. También logran desarrollarse como personas trabajadoras al igual que nosotros lo hacemos.

La pregunta del millón es ¿Cuándo empezará el gobierno de El Salvador a cumplir su función y velar por las personas con autismo en el país? ¿O es más importante adquirir un jet privado para los viajes del Presidente Funes? Al final el poder de cambiar esta situación trágica, para las personas autistas, puede cambiar si la sociedad salvadoreña exige el cumplimiento de los derechos negados e ignorados de quien padece autismo.