Al hablar de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución pública que se encarga de velar por la protección de los habitantes de El Salvador, referencias buenas así como malas salen a relucir en las conversaciones de los salvadoreños.
Hace dos días una víctima de abuso policial, a quién llamaremos “Gabriel” por evitar represalias contra su persona, relató a PUNTO DE CRÍTICA su amarga experiencia.
Gabriel se conducía en un microbús tipo coaster de la ruta 101 B el pasado miércoles 18 de mayo. La unidad del transporte colectivo excedía en el número de pasajeros a bordo, como es común en El Salvador, a tal grado que las sardinas enlatadas gozan de mayor espacio que quienes acompañaban en su viaje a nuestra fuente.
Un hecho tristemente normal en El Salvador ocurrió durante el trayecto de la 101-B en la que se desplazaba Gabriel. Sin previo aviso dos hombres comenzaron el asalto a mano armada en la coaster. La víctima fue una mujer entre 35 y 40 años, quien fue despojada de sus pertenencias: dinero y un teléfono celular.
Sin duda la violencia en El Salvador alcanza escalas inimaginables en medio de una contradicción de declaraciones. La PNC reporta un descenso en los hechos de violencia que dejan muertos como resultados, mientras que Medicina Legal manifiesta un aumento en las cifras de muertos que revisan ellos diariamente.
Volviendo a la experiencia de Gabriel, quien entre lágrimas y voz entrecortada (entendible para su edad pues apenas tiene 18 años) explicó que los sujetos cometieron el hecho y bajaron del microbús inmediatamente.
Algún usuario llamó a la PNC, pues una patrulla detuvo a la unidad colectiva, en las cercanías del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), los agentes inmediatamente ordenaron que los hombres bajaran de la coaster de la 101-B.
Como era lógico, al estar tan comprimidos ante la necesidad de dirigirse a su destino, salir del microbús era una tarea más complicada de lo que fue el ingreso, según Gabriel. Los agentes de la PNC, al ver que no salían rápidamente iniciaron a irrespetar los derechos de los hombres que bajaban con dificultad.
Gabriel hace una pausa y recuerda claramente, como al salir de la puerta un agente de la PNC lo agarró del cabello y de un jalón lo saco por completo, para luego darle con la macana en el estomago. Este acto le sacó el aire a Gabriel quien cayó en el suelo.
Pero la situación se tornó complicada cuando más patrullas se sumaron al operativo mal elaborado. Pues ni preguntaron quien fue la victima del asalto y amenazaron a todos los hombres que sufrieron el cateo, cuyo aderezo eran patadas y golpes con la herramienta creada para guardar el orden: la macana.
Por casi dos horas de estar tirados en el suelo, siendo víctimas de la burla de los agentes policiales, los cuerpos maltratados se acomodan ante aquella sesión de masoquismo forzado, relató Gabriel.
Un agente no dejaba de decir: “los vamos a remitir a la delegación centro, porque ustedes han infringido la ley”.
¿Por qué? Ser policías no los hace la máxima autoridad de ejercer justicia, además están trabajando con seres humanos: a veces las actitudes de la PNC son difíciles de entender.
Finalmente la mujer que fue víctima del asalto, tras largos minutos de irresponsabilidad social, reaccionó ante lo que pasaba y explicó a la PNC que los ladrones habían escapado a otro lugar inmediatamente después de quitarle sus bienes.
Gabriel llegó a su hogar con un ojo morado, y moretones en varios lados de su cuerpo. El temor a los hombres vestidos de azul le invadió desde entonces.
El deseo de denunciar a la PNC públicamente, por mal operativo y violencia injustificada fue opacado por el temor a las represalias contra él y su familia.
Es una lástima que elementos tan nocivos para la institución logren mayor reconocimiento que los buenos agentes con los que cuenta. Sin duda historias como ésta, ayudan a despejar la visión que se tiene de una institución tan vital para el funcionamiento de la sociedad salvadoreña.
Pero más pena da que en El Salvador no hay garantía del ejercicio de la libertad de expresión y mucho menos responsabilidad de las instituciones públicas para aceptar las fallas y errores que cometen racional o irracionalmente contra el ciudadano salvadoreño.
