El Salvador: ¿Por qué Funes rechazó la Ley Anti-tabaco?

Por Carlos Cruz

Una vez más el presidente Mauricio Funes sorprendió a los salvadoreños con la decisión de vetar el anteproyecto de Ley Anti-tabaco.

Sin duda esta acción sorprendió a los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes aprobaron el documento el mes pasado.

La parlamentaria de ARENA, Margarita de Escobar, dijo desconocer las razones del veto de Funes, pero indicó que hubiera esperado sólo que lo observara la nueva ley y no la rechazara. Por su parte el FMLN evitó hacer comentario alguno.

Según el mandatario la normativa es inconveniente por atentar contra el libre comercio en el país, además de afectar a las empresas que venden estos productos, así como a las agencias de publicidad que promocionan el consumo del tabaco.

Si bien es cierto que el factor ingreso económico es importante para el desarrollo de un país y su sociedad. ¿Acaso la salud de los ciudadanos no lo es? ¿Qué intereses está defendiendo Funes realmente?

Sin duda la Ley del Control del Tabaco que fue aprobada por 64 diputados del Órgano Legislativo parece rígida en sus normativas para cualquier consumidor de cigarrillos.

Esto se debe a que el anteproyecto contempla la prohibición de fumar en lugares públicos y privados, la regulación de la venta, publicidad y comercialización del tabaco.

Asimismo prohíbe la venta de cigarros en centros públicos y fumar en sitios de trabajo, en buses y microbuses del transporte público de pasajeros, en entidades de salud y lugares de esparcimiento para niños.

Sin duda tales acciones velan por el derecho de las personas que no consumen tabaco, pero, que diariamente se ven obligadas a respirar aire contaminado con el humo de los cigarrillos.

¿Es justo que un niño o niña tenga que resignarse a ser fumador pasivo, por el simple hecho que no afectar el derecho del vicioso a consumirlo?.

Si Funes dice que es una medida extremista, que responda ¿le gustaría que su pequeño Gabriel aspire humo de cigarrillo? Seguramente responderá que no.

Algunos funcionarios públicos han catalogado esta propuesta de ley como errónea al sugerir una mal llamada ley seca. Sin duda tal objetivo sería un error, pues solo traería el fomento al contrabando, la piratería y un caos social difícilmente tratable por las autoridades.

Si no se puede detener a los pandilleros y a la delincuencia en general, imaginen lo imposible que sería multar a los fumadores que violen la ley y más aún hacerles pagar las multas.

De haberse aprobado la ley se impondrían multas desde 57 hasta 6 mil 720 dólares por vender cigarros en sitios públicos y de hacer anuncios dirigidos al consumo en menores de edad.

Tímidamente la ministra de salud, María Isabel Rodríguez respondió con un “SI” al cuestionamiento de un periodista de un canal local que le pregunto si esta ley urgía en el país.

Recordemos que el señor presidente no puede ser cuestionado en su forma de gobernar por su gabinete, porque de inmediato los remueve de su cargo alegando falta de confianza.

Mientras Funes deja impactados a los salvadoreños con tal decisión. El Ministerio de Salud Pública lucha día a día para atender los pacientes con cáncer pulmonar a causa del consumo de tabaco, que lejos de disminuir van en aumento.

Si de fumar se trata es mejor buscar un lugar donde el humo no afecte a niños/as, mujeres embarazadas, ancianos y personas enfermas de las vías respiratorias. Sin duda la elección de fumar es personal se debe tener en cuenta el derecho de los demás a un ambiente digno y sano. 

Centros Penales ¿Nido de Corrupción en El Salvador?

Por Carlos Cruz

La corrupción del personal de seguridad en los centros penales de El Salvador se colocó en el ojo del huracán nuevamente. En una publicación de elsavador.com  se confirma la destitución de 45 empleados de centro penitenciario de Quezaltepeque, ubicado en el municipio de La Libertad.

El director de Centros Penales hizo público el despido de todo el personal de seguridad de dicha penitenciaria. Según el funcionario, existen fuertes sospechas de que los destituidos hayan apoyado a los reos en sus planes de fuga.

Tales sospechas no son descabelladas, pues un túnel fue descubierto la semana pasada en este centro penal. Moreno confirmó que tal hecho fue el detonante para el despido del personal.

De llegarse a dar una fuga masiva serían 998 internos los que recuperarían su libertad de forma ilegal. Varios de los despedidos lloraban como magdalenas alegando su inocencia. La ley es clara y  nadie puede ser declarado culpable sino se presentan pruebas y es vencido en un juicio justo.

Sin embargo, Moreno dijo que por las características que presenta el túnel debe de haber tenido la colaboración de los custodios para que los presos lo hicieran.

Y es lógica la sospecha, pues a menos que Harry Potter les haya prestado su capa mágica de invisibilidad, es increíble que con personal dando vigilancia las 24 horas, lograran cavar un túnel con esas características particulares.

“Moreno indicó que el túnel ha sido construido hacia abajo y en forma recta y que no se encontraron herramientas para hacerlo”. Elsalvador.com

Las investigaciones correspondientes ya iniciaron dijo el funcionario. Hechos similares se investigan en otros penales. Sin duda, el sistema penitenciario suma este factor (posible corrupción del personal de seguridad) al caos ya existente, de un colapso que el gobierno salvadoreño se niega a reconocer.

Sobre población, pocas instalaciones existentes en el país, seguridad defectuosa y corrupción son las características de los centros penales de El Salvador.

Para muestra el subdirector de Penales, Nelson Rauda, informó que uno de los destituidos fue sorprendido borrando una información sobre una requisa hecha en este penal en la que fueron encontrados dos celulares, cuatro chips y un fusil M-16. ¿Es válida tal acción? No.

Además, Rauda indicó que durante la remoción de los custodios se confiscaron cuchillos hechizos, varillas de hierro y otros objetos contundentes. Sin duda estos artículos no deberían ni tienen que estar en posesión de los reos.

Por el bien de la sociedad salvadoreña, el Estado a través de sus autoridades correspondiente debe arrancar de raíz a todo mal elemento que corrompa las instituciones y ponga en peligro la seguridad pública.

¿Ejerciendo el periodismo de alto riesgo?

Por Carlos Cruz

Con el paso de los días el ejercicio del periodismo se complica en tiempo y espacio no solo en El Salvador, sino en el mundo entero. Se debe prestar atención a un factor muy importante, que de no mostrar indicios futuros de soluciones aplicables en los diferentes Estados, podría terminar con la comunicación y los periodistas que la ejercen en pro de la sociedad.

Se trata de la criminalidad que cada día coarta el ejercicio periodístico, mayormente en países como México donde los cárteles del narcotráfico han asesinado a varios periodistas por el simple hecho de informar su accionar en diferentes zonas del país, sus vínculos con entidades del gobierno mexicano y la misma policía.

Además, se debe tener en cuenta la censura que el Estado ejerce sobre los medios de comunicación, como en  Guatemala y Venezuela. Sin duda hay una necesidad urgente de periodistas críticos e independientes para evitar que se desmoronen las democracias en América Latina. 

Pero más a priori es la necesidad de crear una garantía legal a nivel nacional e internacional que le permita al periodista ejercer su rol social de denuncia. Los hechos deben contarse, el omitirse implica apoyar este tipo de actos que dañan a la sociedad provocándoles temor, luto y dolor.

Como comunicadores es nuestra obligación permitir el sano ejercicio periodístico que permita el desarrollo y funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo, en El Salvador no son los carteles del narcotráfico los que han declarado la guerra contra los medios y sus periodistas, sino las maras las que han matado a periodistas nacionales e internacionales.

En El Salvador en septiembre del 2007, en la colonia Florencia de Soyapango, asesinaron al periodista radiofónico Salvador Sánchez, en el 2009 pandilleros mataron al periodista franco español Cristian Poveda, cerca de la colonia La Campanera, en Soyapango. Y en este 2011, Alfredo Hurtado, periodista del canal 33 fue asesinado por estos grupos por ejercer su trabajo periodístico.

Nuestro compromiso es seguir al pie del cañón e informar el acontecer sin importar las amenazas que recibamos, aun si la policía no hace nada. Pero el deber de la población en general es exigir a las autoridades competentes la garantía de la comunicación y su proceso periodístico. Debemos a toda costa evitar se repita casos similares al de México.

Y es que México es un país en donde la tarea periodística es una tarea de alto riesgo; muchos comunicadores han sido asesinados en una lista ya demasiado larga, con una impunidad imperante. Esto provoca que el miedo inmovilice y no deje cumplir la tarea de informar. Esto es lógico, encontrar reporteros que están inmovilizados por el temor a perder su vida.

Nuestro futuro como miembros del sistema de comunicación es incierto y depende de las decisiones de los presidentes de nuestros Estados. Sus gestiones deben buscar avances en la reducción del crimen a nivel nacional, impidiendo así su proliferación y elevación a problema internacional. Roguemos entonces, porque nuestro ejercicio periodístico no se convierta en el periodismo de alto riesgo, que caracteriza a varios países a nivel mundial.