Por Carlos Cruz
La sociedad salvadoreña jamás hubiera esperado que en la noche del jueves, 2 de junio de 2011 durante la plenaria semanal, la Asamblea Legislativa aprobara una reforma polémica que veta el libre funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Y es que esta polémica reforma a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue presentada y aprobada por las bancadas de derecha, en el parlamento de El Salvador sin haber sido planificada y puesta en la agenda a tratar, la críticas no se han hecho esperar en varios sectores por considerarla antidemocrática ¿y acaso no lo es?
Recordemos que la Corte Suprema de Justicia “hasta ahora” recién comenzó a cumplir su deber en cuanto a proteger la constitucionalidad. Pues un secreto a voces es que durante las gestiones de los Magistrados anteriores, las decisiones antojadizas de las decisiones partidarias se cumplían aun cuando violentaban la constitucionalidad y las leyes de El Salvador.
Para muestra el decreto que salvo a los partidos PCN y PDC de la desaparición, fue recientemente fue declarado inconstitucional por la CSJ. No es de sorprenderse que estos partidos ya moribundos en su pataleo de ahogados quieran vengarse de su destructor (CSJ).
El hecho que ARENA haya apoyado la noción de estos dos partidos ya difuntos no sorprende a nadie, con un pensamiento político tan similar cortado con la misma tijera era lógico que sirvieran de cómplices en este acto de corrupción legal.
Por su parte GANA ha dejado verse como lo que es, un partido de intereses de derecha donde el sentido de la constitucionalidad no tiene cabida.
La iniciativa, establece que las decisiones de la Sala de lo Constitucional deberán ser adoptadas por unanimidad y tendrá vigencia solo durante el período de los actuales magistrados, que concluye el 31 de julio de 2012. ¿Por qué aprobar esto ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Para qué hacer esto?
El por qué aprobar esta medida se debe a que la Sala de lo constitucional de la CSJ ha declarado inconstitucionales reformas con carácter retroactivo aprobadas, por la derecha en la Asamblea Legislativa, para amparar en los últimos años a los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC).
Debe reconocerse que la presidenta del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Norma Guevara, calificó la modificación de antidemocrática y destinada a paralizar las labores de la Sala de lo constitucional de la CSJ.
Con esta reforma se aprovechara que uno de los cinco magistrados de ese órgano, Néstor Castaneda, se ha opuesto a las resoluciones de sus cuatro colegas, por lo que lograr el voto unánime será “misión imposible” y mientras tanto los partidos políticos seguirán haciendo de las suyas.
Por su parte el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, del FMLN, censuró la forma de aprobar la reforma, introducida sorpresivamente mediante una dispensa de trámite en el plenario para alterar el orden del día aprobado. Y como no hacerlo, si se está violentando el derecho que todos los salvadoreños y salvadoreñas sean gobernados con transparencia y libre de intereses particulares independiente estos vengan del órgano ejecutivo, legislativo o judicial.
Se está vetando el proceso de la justicia constitucional y eso es terriblemente grave y nefasto para el país, para la seguridad jurídica y el derecho de las personas a tener justicia constitucional.
Y lo peor del caso es que, el excelentísimo señor presidente Funes sancionó hoy viernes 3 de junio el decreto legislativo que obliga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a tomar decisiones en forma unánime y no por mayoría que recibió 47 votos de los 84 diputados del parlamento.
Un grupo de representantes y simpatizantes de organizaciones civiles se manifestaron frente a Casa Presidencial (CAPRES) para manifestar su desacuerdo con la decisión tomada por el presidente Mauricio Funes. Todo ocurrió de forma pacífica a pesar de la presencia de a policial que esperaba actos de violencia.
Sin duda Funes debe explicar a la población el porqué su sanción ante la medida impulsada por la derecha política, pues debe recordar que el pueblo salvadoreño lo eligió como presidente por confiar en su prudencia e interés en el bienestar social. De no hacerlo sin duda esto afectará su apreciación que dé ya está en declive por sus acciones y las faltas de las mismas.
Hasta dónde llegará esta inconstitucionalidad y cuáles serán sus consecuencias, aun no se puede predecir. Seré exagerado quizá. Pero creo que cuando el pueblo salvadoreño despierte (y espero que algún día lo haga), actos como las quemas en la hoguera se volverán a vivir en El Salvador, porque ni quitándoles el voto ni expulsándolos del país se enmendaran tantas injusticias y actos inconstitucionales realizados en contra de la sociedad salvadoreña.
